De acuerdo con un informe del Tecnológico de Monterrey en colaboración con ACNUR y titulado Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México, revela la exclusión a la que se enfrentan migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México por parte de las instituciones bancarias
La razón principal de esta falta de acceso no es la ausencia de documentación, sino el rechazo directo de los bancos, a pesar de que la ley permite la apertura de cuentas con los documentos que portan.
Extranjeros que visiten los parques nacionales de EU pagarán una cuota extra Migrantes sin acceso a renovar la matrícula de su vehículo en Estados UnidosEl 51 por ciento de los encuestados, no tienen una cuenta bancaria, no por falta de interés sino porque sus documentos migratorios no fueron reconocidos como válidos en sucursales.
De igual forma, el estudio indica que seis de cada 10 personas recibieron un "no" en ventanilla, pese a que las regulaciones mexicanas permiten abrir cuentas básicas con documentos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Es decir, la exclusión proviene de fallas operativas y criterios discrecionales, no del marco legal.
El informe muestra que, lejos de la narrativa que asocia migración con informalidad, 77% de las personas entrevistadas tiene empleo en sectores productivos y 60% cuenta con educación media o superior. Aun así, continúan enfrentando barreras que los obligan a vivir en un sistema financiero paralelo basado en efectivo.
En 2024 más de 80 mil personas solicitaron asilo, consolidando al país como destino y corredor humanitario. El sistema financiero, sin embargo, sigue operando bajo procedimientos diseñados para una realidad distinta y que hoy se quedan cortos frente al perfil de la población que intenta acceder a servicios básicos.
La falta de acceso no solo afecta a quienes llegan, sino también a la economía en general. El envío de remesas, que podría canalizarse por vías seguras y formales, termina moviéndose en canales informales más caros.
El informe señala que adaptar los procesos bancarios a documentos migratorios reconocidos no es una concesión: es una medida necesaria para reducir desigualdades, fortalecer la autonomía económica y evitar que miles queden atrapados en la informalidad financiera.
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