Ciudad de México. — El empresario Ricardo Salinas Pliego fue notificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cubrir una deuda fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos , cifra que incluye recargos e intereses acumulados tras varios años de litigios. El requerimiento, emitido el 9 de enero, establecía un plazo de cinco días hábiles para cumplir con el pago, periodo que ya ha vencido.
De acuerdo con fuentes oficiales, el SAT ofreció un descuento de hasta 39% si el empresario liquidaba el adeudo de manera voluntaria. Sin embargo, Salinas Pliego optó por otra vía: el 13 de enero presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , acusando al Estado mexicano de persecución política. El organismo internacional deberá resolver si admite el caso y lo turna a una instancia superior.
Prohíben uso de gas lacrimógeno en redadas del ICE tras muerte de mujer en MinneapolisTrump, tras no ganar el Nobel de la Paz: Ya no me siento obligado a pensar solo en la pazLa disputa legal se recrudeció en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los últimos siete juicios fiscales interpuestos por el empresario, algunos de ellos iniciados hace casi dos décadas. Dicha resolución cerró cualquier recurso nacional efectivo, especialmente tras la reforma aprobada por el Congreso , que restringe el uso del amparo para suspender ejecuciones fiscales y evita la prescripción de créditos firmes.
Esa nueva legislación, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum , busca impedir que los grandes contribuyentes prolonguen indefinidamente los litigios fiscales. La presidenta destacó que, gracias al reforzamiento de la fiscalización, la recaudación tributaria en 2025 aumentó 4.8% respecto al año anterior , lo que representó ingresos adicionales por unos 500 mil millones de pesos , sin necesidad de elevar impuestos.
Mientras tanto, Salinas Pliego ha trasladado su defensa del ámbito jurídico al político y mediático . En declaraciones públicas, ha acusado al gobierno de utilizar su caso con multas políticas y aseguró haberse reunido con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , para discutir el impacto de sus empresas —entre ellas Grupo Elektra— en la economía mexicana, hoy envuelta en un contexto de incertidumbre.
Figura polémica y visible dentro de la oposición, el empresario ha recibido respaldo de sectores del Partido Acción Nacional (PAN) , que incluso ha sugerido su posible participación política, aunque él no ha confirmado si buscará una candidatura.
Desde el Ejecutivo federal, la postura es firme. La presidenta Sheinbaum declaró esta semana que el objetivo de su gobierno es garantizar el cumplimiento de la ley sin excepciones. “ Esperamos que pague ”, afirmó durante su conferencia matutina.
El caso no solo enfrenta al Estado mexicano con uno de los hombres más acaudalados del país, sino que también envía un mensaje a los grandes contribuyentes sobre el endurecimiento de la política fiscal: ya no hay espacio para evasiones prolongadas ni mecanismos legales que perpetúen la impunidad tributaria . El desenlace de este proceso podría marcar un precedente en la relación entre poder económico y autoridad hacendaria en México.
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Foto: Archivo
Djs
