Los viejos vicios que en Puebla favorecen la impunidad

En Puebla se ha vuelto costumbre buscar culpables en el lugar equivocado. Cada vez que un imputado recupera su libertad o un proceso se cae, la narrativa inmediata apunta contra jueces y magistrados, como si la impunidad naciera en los tribunales. Pero los expedientes cuentan otra historia: la impunidad no se decide en las sentencias, se cocina mucho antes, en las carpetas mal integradas y en los errores, a veces burdos, otras deliberadamente funcionales de la Fiscalía.

El patrón es viejo y reiterado. Carpetas sin sustento técnico, pruebas endebles, testimonios sin corroboración, audiencias diferidas sin explicación y acusaciones que no resisten el estándar constitucional. El resultado es previsible: los tribunales corrigen, revocan o liberan. No por complicidad, sino por obligación legal. Y entonces ocurre el truco clásico: la Fiscalía se ausenta del debate público y el costo político se traslada integro al Poder Judicial.

El caso ocurrido recientemente en Tehuacán, con la liberación del presunto homicida del propietario de Grúas Elite, es un ejemplo vivo de esa distorsión. Durante días se intentó́ instalar la idea de que “los magistrados dejaron libre a un asesino”. Hoy, a partir de lo que se conoce del expediente y de lo publicado en distintos espacios informativos, queda claro que el proceso venia mal armado desde su origen: deficiencias probatorias, fallas técnicas y una integración ministerial incapaz de sostener la acusación en segunda instancia. Una resolución así́ no es un capricho judicial; es la consecuencia directa de un trabajo ministerial deficiente.

Ese mismo terreno fértil plagado de errores, omisiones y expedientes deficientes es el que ha sabido transitar Miguel Ángel Celis Romero. No desmontando acusaciones con pruebas, sino explotando fallas institucionales, presionando, generando ruido y luego presentándose como víctima del sistema. No es casualidad; es método.

Mientras su caso penal principal se hunde en tribunales, su conducta revela otra verdad incómoda. Cambios constantes de defensa, incorporación de ex funcionarios de fiscalías con antecedentes cuestionables, abogados que presumen respaldos como si la justicia aun se arreglara por teléfono. Quien cambia de abogados como de camisa no está afinando estrategia; está entrando en pánico.

El martes pasado, a las 11 de la mañana, estaba programada una audiencia por una nueva carpeta de investigación por fraude, en la que no solo está imputado Miguel Ángel Celis, sino también su esposa, sus hijos y colaboradores cercanos. Sin embargo, a altas horas de la noche previa, apareció́ un Ministerio Público oficioso solicitando el diferimiento de la audiencia. Sin justificación sólida. Sin lógica procesal. Simplemente se pidió́ y se concedió́.

A ese desorden se suma un cruce todavía más delicado: el entrelazamiento del imputado “El Animal” (Miguel Angel Celis) con un juez de pasado oscuro. El juez Lucio León Mata, separado en su momento tras reclasificar un delito de violación sexual contra una menor como estupro, reaparece hoy tomando decisiones clave. Fue quien concedió́ a Miguel Ángel Celis Romero la reducción del plazo de investigación complementaria en la carpeta por extorsión, cerrando la puerta a que se incorporaran más datos de prueba en su contra.

Hace unas semanas, representantes legales vinculados a su entorno se presentaron abruptamente, sin cita y sin autorización, en las oficinas del magistrado Isaí Rivas López. No fue una visita institucional. Fue un intento de presión. La respuesta fue clara: fueron expulsados de la oficina y, según se comenta en los pasillos judiciales, el magistrado presentó la denuncia correspondiente.

Este episodio ilustra el contraste institucional. Cuando un magistrado actúa conforme a derecho, se le intenta intimidar. Cuando la Fiscalía falla, se le protege mediáticamente. Así́ ocurrió́ también con la liberación del presunto homicida en Tehuacán: se señaló́ a los magistrados cuando la realidad es que la carpeta estaba mal integrada desde el inicio.

Miguel Ángel Celis Romero no se comporta como alguien que confía en que su inocencia será́ demostrada en juicio. Se comporta como alguien que confía en que el sistema volverá́ a fallar. Y el verdadero problema no es un imputado, sino un sistema que permite que esas fallas se repitan.

Cuando un juez libera por falta de pruebas, el fracaso no es judicial; es ministerial.

@FerMaldonadoMX

clh

Vistas: