En una nueva escalada contra el crimen organizado, el gobierno estadounidense anunció medidas más severas contra el Cártel de Sinaloa, al que ahora señala como una organización terrorista. La decisión fue presentada durante una conferencia del Departamento de Justicia en California, donde también se formalizaron cargos por narcotráfico contra Pedro Inzunza Noriega, alias "Sagitario", y su hijo, Pedro Inzunza Coronel.
Chedraui encabeza el Martes de Atención Ciudadana La Capital Te Escucha en CanoaCaen autora intelectual, y sicario, responsables del feminicidio de Oralia PérezAmbos individuos son acusados de coordinar el envío de grandes cantidades de fentanilo, metanfetaminas, heroína y cocaína a territorio estadounidense, en colaboración con redes delictivas internacionales. Según las autoridades, parte de esta droga es traída desde Colombia y procesada en laboratorios clandestinos en México, lo que agrava la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos.
La administración de Donald Trump, actualmente al frente del gobierno, ha reforzado su política de “mano dura” contra los cárteles mexicanos al incluirlos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación, amparada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, permite aplicar sanciones financieras, bloqueos de cuentas y medidas judiciales más agresivas contra cualquier persona o entidad que tenga vínculos con estos grupos.
El fiscal auxiliar ejecutivo estadounidense advirtió que “si actúas como terrorista, no te debe sorprender que se te acuse como tal”, en referencia directa a los líderes del Cártel de Sinaloa. La ofensiva legal no solo busca castigar a los cabecillas, sino cortar las rutas de financiamiento y limitar la operación internacional de estos grupos.
Además del Cártel de Sinaloa, el gobierno estadounidense incluyó en la misma categoría a otras organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), argumentando que todas representan una amenaza directa para la seguridad de su territorio.
Expertos en relaciones bilaterales advierten que esta clasificación podría tensar aún más los vínculos entre México y Estados Unidos, ya que implica un enfoque más intervencionista por parte del país vecino. México, por su parte, ha expresado anteriormente que calificar a los cárteles como terroristas puede abrir la puerta a acciones unilaterales en territorio nacional.
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