Diputada urge a reducir jornada laboral a 40 horas sin esperar a 2030

Susana Prieto Terrazas, activista y experta en derecho laboral originaria de Chihuahua, insiste en que la reducción de la semana laboral debe aplicarse de inmediato. Su propuesta prevé una transición escalonada: en el primer año pasar de 48 a 44 horas semanales y en el segundo alcanzar las 40 horas, situando a México al nivel de Estados Unidos y Canadá en materia laboral.

Listo, planea tus gastos para el regreso a clasesAlejandra Estudillo y Kevin Berlín, se quedan cerca del podioLa legisladora presentó esta iniciativa como una reforma al artículo 123 constitucional, que respeta los dos días de descanso obligatorio y busca revertir un rezago laboral que, según ella, persiste porque México ha sido el "traspatio maquilador" de EE. UU. desde hace décadas.

Prieto ha señalado que, si bien su propuesta fue aprobada en comisiones en abril de 2023, ha sido sistemáticamente bloqueada en Morena. Denunció violencia política de género por parte del coordinador legislativo Ignacio Mier, quien le exigió "reducir su demanda" y finalmente la llevó a renunciar a la bancada morenista en febrero de 2024, manteniéndose como legisladora independiente.

Desde la perspectiva de Prieto, la reducción ayuda a construir tejido social: permite a los trabajadores descansar, convivir con su familia y mejorar su calidad de vida, especialmente para quienes laboran más de 56 horas semanales, una práctica cada vez común en México. Además, calcula que la medida obligará a incrementar la planta laboral en 10–17 %, lo que podría impactar utilidades empresariales, pero también abrir oportunidades de empleo formal.

En contraste, desde mayo de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum inició foros de diálogo nacional para implementar la jornada de 40 horas de forma gradual, con fecha límite propuesta hacia 2030. El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, señaló que la medida busca dignificar la vida del trabajador sin comprometer la productividad.

Empero, el empresariado —especialmente el sector de la construcción— ha expresado reticencias, argumentando que la reducción podría elevar costos y afectar competitividad, pese al consenso amplio en torno al dictamen legislativo.

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