Este lunes comenzó un juicio de tres días para determinar si la administración del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al enviar tropas de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles tras las protestas de junio por redadas migratorias.
La otra variable energética se llama Donald TrumpEU acusa a empresarios mexicanos de dar sobornos millonarios a funcionarios de PemexEl mayor general Scott Sherman declaró que, aunque una ley federal prohíbe al presidente utilizar a las Fuerzas Armadas como fuerza policial nacional, los militares desplegados en apoyo de operaciones internas pueden proteger instalaciones y personal federal. Incluso, explicó, pueden establecer perímetros de seguridad si un comandante en el terreno lo considera necesario.
El juicio se centra en el despliegue de aproximadamente 4 mil elementos de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina, ordenado por el Departamento de Defensa a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom y autoridades locales. Según cifras del Pentágono, actualmente permanecen en la ciudad unos 250 guardias nacionales.
El estado de California solicita al juez Charles Breyer que devuelva el control de las tropas al gobierno estatal y prohíba su uso en funciones de aplicación de la ley federal. Breyer ya había dictaminado que la administración Trump excedió sus atribuciones y violó la Décima Enmienda de la Constitución, aunque la Casa Blanca logró una suspensión temporal que mantiene el mando en manos federales.
Durante el operativo, tropas acompañaron a agentes de inmigración en redadas en Los Ángeles y en dos plantaciones de marihuana en el condado de Ventura. Los marines, en su mayoría, custodiaron un edificio federal que incluye un centro de detención. Desde entonces, se han reportado detenciones de inmigrantes en diversos puntos, como tiendas, lavaderos de autos, paradas de autobús y granjas; incluso, algunos ciudadanos estadounidenses han sido arrestados.
Trump justificó la federalización de la Guardia Nacional bajo una disposición que permite su uso en casos de invasión, rebelión o cuando el presidente no pueda hacer cumplir las leyes. Sin embargo, Breyer subrayó que las protestas en Los Ángeles “están muy lejos de ser una ‘rebelión’”.
En documentos judiciales, Ernesto Santacruz Jr., director de la oficina local del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el despliegue, asegurando que la presencia de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina fue clave para proteger instalaciones y personal federal ante “turbas violentas”.
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Foto: IA
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