
En mi columna de antier (Un dinosaurio en el Congreso y otro dinosaurio en la ONU), compartí con ustedes los datos y la realidad del impacto negativo que la contrarreforma eléctrica de Bartlett tendrá sobre el ingreso de las familias, la economía mexicana, el medio ambiente y la salud de nuestros hijos.
La UNAM y los embates¿Vacunarse o no? He ahí el dilema… Ictus isquémicoHoy comparto con ustedes las respuestas a las preguntas más frecuentes que he escuchado recientemente sobre la contrarreforma eléctrica de la 4T.
Tal y como el presidente de México y el director de la CFE la explican, la reforma busca garantizar que la CFE, como organismo de Estado, controle la industria eléctrica. Ni más ni menos. El control del sector eléctrico se concentraría, sin contrapesos, en la dirección de la CFE. En la práctica, eso significa:
1. Eliminar el mercado
Se destruyen los tres pilares que requiere un mercado para operar:
2. Crear un monopolio, en la práctica
3. Cancelar todos los permisos y contratos vigentes, de manera inmediata, sin causa justificada
4. Asegurar el control de la economía mexicana en manos de la CFE de Bartlett
5. Mantener a México como un país sin opciones
Todos hemos escuchado muchas mentiras de quienes defienden la contrarreforma eléctrica de Bartlett en los discursos y en los anuncios del gobierno de la 4T. El presidente y el director de la CFE hablan de ladrones, contratos leoninos, fraude a la ley. Ahora quisiera precisar la realidad de las cosas.
No nos engañemos. La electricidad de los hogares está subsidiada por nuestros impuestos. Sólo el 1.2 por ciento de los hogares mexicanos, los más ricos, tienen una tarifa de 5.2 pesos por kilowatt-hora. El resto paga una tarifa, en promedio, de 87 centavos por kilowatt-hora.
Sin subsidios, la industria puede conseguir un costo de 1.8 pesos por kilowatt hora – a través del mercado y la compra a otros generadores privados-, el doble de lo que paga el 98% de los hogares mexicanos.
El autoabasto se estableció en 1993 y no es parte de la reforma de 2013. Precisamente con la reforma de 2013 las plantas de autoabasto deberían poder ahora vender en el mercado abierto de electricidad, y ya no sólo a sus socios. CFE sería la principal beneficiaria por el pago de las tarifas de transmisión.
El objetivo del autoabasto era dar alternativas limpias y de bajo costo a empresas que hasta entonces sólo le podían comprar a CFE. Las empresas podían generar la electricidad que consumían a precios más bajos y con algunos incentivos si decidían invertir en energías limpias, cuando la tecnología todavía era muy cara.
La tarifa de “porteo estampilla de transmisión” – disponible sólo para las centrales con fuentes de energía limpia - formaba parte de esos incentivos, y permitía tener costos estables de transmisión para financiar obras de fortalecimiento de la red por parte de los generadores privados. Dicha tarifa de “porteo estampilla” cubría los costos de operación de CFE y tomaba en cuenta las obras de financiamiento privado de la red que posteriormente se donaban a CFE.
El esquema de autoabaso se terminó en 2013 con el nuevo marco jurídico de la reforma energética que ahora Bartlett quiere destruir. El nuevo esquema sólo respetó los derechos de quienes habían optado por esa alternativa en el pasado, y exclusivamente por el tiempo previsto en sus contratos.
Los autoabastos estaban contemplados expresamente en la ley y los tratados internacionales. Se definió en el TLCAN original con el objeto de permitir a los privados construir infraestructura de generación eléctrica para que el país pudiera crecer y aprovechar las ventajas del tratado.
Las empresas que optaron por esta alternativa, lo hicieron siguiendo escrupulosamente el marco jurídico vigente. La Suprema Corte ha reconocido la base constitucional que tiene este modelo ante los intentos de cambio legal y regulatorio de la CFE.
Sólo el 4.15 por ciento de toda la generación nacional proviene de autoabastos con tarifas de porteo estampilla, y es lo que permite que algunos sectores económicos, como la industrias textil, exportadores, armadoras, maquilas, comercio minorista o algunas grandes industrias, puedan bajar sus precios al público y competir con empresas internacionales.
Los Productores Independientes de Energía le permiten a CFE comprar energía hasta 89 por ciento más barata que la que ella misma genera. Se establecieron en la década de 1990 para que CFE enfrentara el incremento en la demanda eléctrica, cuando no contaba con recursos suficientes, y se otorgaron en licitaciones internacionales.
Como en cualquier otro sector económico, los acuerdos comerciales de largo plazo permiten ofrecer precios más bajos para el comprador. Las plantas PIE son parte de la CFE y están controladas por la CFE. Justamente es cuando se toma en cuenta que las PIEs son parte de CFE, que la participación de mercado de CFE en generación es de 69 por ciento. Pero las subsidiarias verdaderamente rentables de la CFE son Transmisión y Distribución.
Con toda esta información, es muy difícil entender por qué el gobierno de la 4T quiere implementar una contrarreforma que lastimará a los mexicanos.
Columna de Javier Treviño en SDP Noticias
Fotografía Cuartooscuro en SDP
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