El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar el delito de ciberacoso, estableciendo sanciones que van desde 11 meses hasta tres años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 50 y 300 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 5,657 a 33,942 pesos mexicanos.
Se decreta nuevo receso en el juicio por feminicidio de Cecilia MonzónExhiben a jóvenes en Tik tok, podrían ser alumnas de la BUAP La reforma, presentada por el diputado José Luis García Parra, busca abordar el creciente problema del acoso en línea, especialmente en un contexto donde el 28.9% de la población de 12 años o más ha sido víctima de ciberacoso, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El delito se define como el hostigamiento o amenaza a través de medios digitales que cause daño a la dignidad de la persona.
Además, la reforma establece agravantes cuando la víctima es menor de edad, aumentando la pena hasta en dos terceras partes de la máxima establecida. Esta medida busca proteger a los jóvenes, quienes son especialmente vulnerables al acoso en plataformas digitales.
La iniciativa también contempla sanciones para otros delitos cibernéticos, como la usurpación de identidad y el espionaje digital.
Sin embargo, la reforma ha generado controversia. La diputada Fedrha Suriano, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por la falta de tiempo para analizar adecuadamente la ley y la exclusión de propuestas relacionadas con el grooming o acoso sexual infantil en línea.
Por su parte, la diputada Susana Riestra advirtió que la ley podría ser utilizada para censurar a víctimas de violencia de género, limitando su derecho a expresarse en redes sociales. Señaló que casos como el de Helena Monzón, quien ha hecho públicas denuncias contra su expareja por violencia familiar, podrían verse afectados por esta legislación.
La reforma será sometida a votación en el Pleno del Congreso este jueves 12 de junio. De ser aprobada, entrará en vigor en el estado, marcando un paso significativo en la lucha contra el acoso digital y otros delitos cibernéticos.
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