Las autoridades de Luisiana acordaron pagar 9 millones de dólares a Clifton “Scotty” Dilley, quien quedó paralizado de la cintura para abajo tras recibir un disparo en la espalda durante una parada de tráfico en 2018, en Baton Rouge. El agente responsable afirmó falsamente que se trató de una descarga de pistola Taser.
El acuerdo, uno de los más altos en la historia del estado por violencia policial, resuelve la demanda federal presentada por Dilley, quien tenía 19 años al momento de los hechos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos citó el caso como ejemplo de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Estatal de Luisiana durante arrestos y persecuciones.
La oficial Kasha Domingue fue despedida tras determinarse que disparó “sin justificación confiable”, no activó su cámara corporal y presentó versiones que fueron contradichas por el video de una tienda cercana. Inicialmente, dijo que el disparo fue accidental o que confundió su arma con una Taser, pero las imágenes mostraron a Dilley desarmado huyendo.
El disparo dañó su columna vertebral y lo confinó a una silla de ruedas. “Lo que me pasó esa noche cambiará mi vida para siempre”, declaró Dilley, quien espera que su caso impulse reformas en la policía estatal. Domingue evitó prisión tras declararse culpable de obstrucción a la justicia en 2022, pero acordó no volver a servir como policía. El caso reveló además deficiencias en su formación, pese a advertencias de instructores sobre su idoneidad para el cargo.
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