El alcalde de Quecholac, Néstor Camarillo Medina afirmó que las pruebas de control de confianza que propone aplicar a presidentes municipales son inconstitucionales, y que para concretar tal disposición el Congreso del Estado tendría que hacer una reforma.
El priísta aclaró que no se opone a la medida que se aplica para los elementos de las corporaciones policiacas, como lo sugirieron el presidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, y el diputado del PRD, Ignacio Mier Bañuelos.
“No tengo ningún problema, pero sí es inconstitucional, porque somos electos por el pueblo; se violaría la ley, los diputados tendrían que modificarla. Sí estoy de acuerdo que se aplicaría, sin problema me haría una prueba, pero es inconstitucional, nos eligió el pueblo, no somos como un policía al que contratan, a nosotros nos eligen”
De las investigaciones que la Secretaría General de Gobierno (SGG) emprendió en contra de ediles, Camarillo Medina precisó que las averiguaciones incluyen a los 217 munícipes y no sólo a los que se encuentran en la zona del denominado Triángulo Rojo, que es donde se concentra el robo de hidrocarburo.
Al acudir al Congreso, aclaró que a diferencia de Acatzingo y Amozoc, Quecholac es un municipio de paso, por lo que los decomisos que se hacen de combustible robado no significan que sea extraído en los ductos que cruzan el territorio que gobierna.
A la par de esta situación -agregó- se detectó que Quecholac está siendo utilizado por huachicoleros como lugar de residencia, pero que también están migrando personas de Veracruz.
De posibles amenazas de los huachicoleros a maestros, el alcalde refirió que hasta el momento no tiene información sobre casos en los que esté en riesgo la seguridad de los integrantes del magisterio.
Auditoría observa 50 mdp de su cuenta pública
Un total de 50 millones de pesos fue el monto observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública 2014 de Quecholac.
En entrevista, el edil precisó que está en el proceso de solventar el pliego de observaciones que generó el órgano fiscalizador tras la revisión de su primer ejercicio fiscal, en el cual ejerció un presupuesto de 115 millones de pesos.
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