Archivo histórico
Las Actas de Cabido ordinarias y extraordinarias del periodo de gobierno de Antonio Javana García, presidente municipal de Jolalpan, así como la información pública mínima para cumplir con las obligaciones de transparencia, siguen en la opacidad pues no se han subido al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Lla administración de Javana ha cargado cero archivos en la Plataforma Nacional deTransparencia.
Aunque el pasado 5 de mayo menos de 15 municipios de los 217 del estado habían cargado datos incompletos a la plataforma, a marchas forzadas empezaron a subir actualizaciones y a cumplir con las obligaciones de los artículos 74 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
No fue el caso de Jolalpan, cuya presidencia se ha mantenido cerrada desde hace año y medio por pobladores que reclaman rendición de cuentas del edil.
A María Vargas, síndico municipal y cinco regidores que han señalado el desvío de recursos del edil les fue negado el ingreso al ayuntamiento desde hace más de dos años.
Pero Javana García sigue reuniéndose con regidores suplentes aunque se ha negado a transparentar las actas que han emanado de ese cabildo sustituto.
Tampoco constan la información de la nómina del 15 de febrero de 2014 al mes de marzo de 2017, el Plan Municipal de Desarrollo de los años 2014 al 2017 ni las actas del Coplademun 2014, 2015, 2016 y 2017.
Hasta el momento se desconoce la relación de obras públicas y adquisiciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 incluyendo las actas de concurso, visita de obra, relación de participantes, actas de apertura de propuestas, actas de fallo; los ingresos del FONDEN o de programas de la Secretaría de Desarrollo Social o Sedatu, y el desglose de la información financiera relacionada con el desastre natural que sufrió Jolalpan el 7 de octubre de 2014.
Los regidores han confirmado que incluso cuando ejercían funciones en el palacio municipal no se les permitió acceso a los documentos.
Abogado reta a diputado a presentar pruebas de presunta extorsión
En la víspera, el diputado Jorge Aguilar Chedraui declaró a algunos medios de comunicación que los integrantes del Congreso local sufrieron una extorsión de parte del abogado de los pobladores de Jolalpan, Ramiro León, quien pedía 10 millones de pesos para que fuera levantado el plantón permanente que se instaló frente al edificio legislativo exigiendo la remoción del edil.
En entrevista con este medio, Ramiro León retó al legislador a presentar pruebas y la denuncia correspondiente. “Al diputado Chedraui sólo lo vi una vez y fue en compañía de pobladores. Yo jamás establecí ninguna reunión a solas o en privado con algún miembro de esta legislatura”, dijo León.
El abogado lamentó la bajeza política para responder “con chismes” a un conflicto político a todas luces de fácil resolución pues la demanda primera era una solicitud para que se investigara el desvío de recursos de la administración de Jolalpan.
León Flores advirtió que presentará una denuncia por daño moral en contra del diputado que quedará exhibido por su talla política, dijo.
