Archivo histórico
Puebla, Pue.- Nueve rutas del transporte público interpusieron un amparo contra las condiciones del programa de modernización impulsado por el gobierno del estado a cambio de autorizar el incremento a la tarifa del pasaje.
A solo diez días de que concluya el plazo para que cumplieran con las obligaciones contraídas, unos 400 integrantes de la Alianza de Transporte de Puebla y la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, interpusieron juicios de amparo desde el mes de diciembre, según informó su representante, Samuel Méndez Díaz, quien dijo que el número de expediente se mantuvo en secreto por estrategia jurídica.
Sin embargo, hasta hace algunas semanas, las autoridades estatales habían asegurado que no tenían notificación o información sobre algún juicio de amparo.
De acuerdo con los transportistas, a través de este recurso jurídica, buscan echar abajo la obligación de adquirir cámaras de vigilancia y botones de pánico, así como un incremento de concesiones y la ampliación de rutas, entre otras medidas del gobierno estatal.
Méndez Díaz insistió en que no es posible que las 36 mil unidades de transporte público en el estado cuenten con las medidas señaladas por el programa, pues los transportistas no cuentan con recursos para ello a pesar del incremento a la tarifa otorgado hace casi tres meses.
Estimó que perciben unos 2 mil 600 pesos diarios, de los cuales, mil 300 son la ganancia pues el resto se destina a pago del operador y combustible.
Según esto, las ganancias promedio por unidad serían de 117 mil pesos en los tres meses desde que se autorizó el incremento a la tarifa, pese a eso, aseguró que los ingresos no permiten costear los equipos de seguridad que rondan los 10 mil pesos, ni el servicio de internet mensual que requieren para conectarse en tiempo real con las autoridades.
Justificó que a pesar del aumento, 49 por ciento de los usuarios aplican algún descuento al ser de la tercera edad, discapacitados o estudiantes, y solo el resto pagan la tarifa de 8.50 pesos.
Además, dijo, los ingresos se ven mermados por el gasto en gasolina, mantenimiento y hasta pagos a la delincuencia, pues entregan una cuota de 10 pesos en 14 cruceros de la capital para evitar asaltos.
Finalmente, insistió en que la tarifa debería ser de 9..50 o hasta 15 pesos según las estimaciones que han realizado y que tanto la administración de Antonio Gali como de Miguel Barbosa rechazaron.
El incremento a la tarifa se autorizó en octubre de 2019, quedando en 8.50 pesos, con la condición de que instalarían medidas de seguridad, modernizarían el transporte y mejorarían el servicio a los usuarios.
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