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“Sobre el acuerdo y la cuestión energética, en la escucha que hemos hecho, ya sea de nuestras embajadas o de nuestras empresas europeas, hemos sinceramente registrado un clima de incertidumbre, y para nosotros el tema de la reforma energética es un tema sensible”, se manifestó en rueda de prensa.
El objetivo es implementar y llegar a la ratificación del Acuerdo Global y Comercial entre la Unión Europea y México manifestó Smeriglio.
La iniciativa constitucional busca limitar a 46% la participación de los privados en la generación de electricidad de México, desaparecer los reguladores autónomos y priorizar el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.
López Obrador ha denunciado un “saqueo” de las empresas privadas y extranjeras, e incluso ha señalado por nombre a españolas e italianas.
“Nosotros no percibimos hostilidad porque, si no, no estaríamos aquí. Percibimos problemas y percibimos también una voluntad, al menos difusa, de querer afrontar estos problemas. No siempre, no en todos los encuentros que tuvimos”, manifestó.
“El gobierno mexicano tiene toda la legitimidad de cambiar las reglas, pero el tema es que a veces es complicado imaginar los mecanismos de retroactividad”, comentó.
A pesar de estas cuestiones, Smeriglio dijo que la reforma eléctrica absolutamente no condiciona la modernización del Acuerdo Global, cuya negociación cerró en 2020, pero aún no se ha ratificado.
“Nosotros debemos llegar a la firma del Acuerdo Global y Comercial lo antes posible, esa es nuestra voluntad, y también es la voluntad registrada en los encuentros públicos del gobierno mexicano y los parlamentarios”, sostuvo.
Pero también mencionó que el acuerdo se ocupa de derechos humanos, de los Acuerdos de París sobre la sustentabilidad ambiental y de las reglas sobre el libre comercio.
“Sería una pérdida, una tragedia para todas, constatar la dificultar o la imposibilidad de tener una relación estratégica con México”, expresó.
Los europarlamentarios se reunieron con legisladores, funcionarios de gobierno, universidades, asociaciones civiles y organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidades para los Refugiados.
En esos encuentros también hallaron preocupación sobre el Estado de derecho, la corrupción, el crimen organizado, la migración, la violencia machista y los derechos humanos.
Fotografía: debate
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