La semana pasada escribí sobre una conducta recurrente en este gobierno de cambiar las reglas afectando a terceros, generando condiciones para una menor inversión y para un bajo crecimiento. Un ejemplo fue el caso de las afores. Hoy voy a presentar algunas reflexiones para justificar que es una mala política pública.
No voy a comentar sobre dichas reglas, sino que me voy a ir al origen, que es la modificación al artículo 37 de la ley que se aprobó en diciembre pasado.
En la exposición de motivos se reconoce que la trayectoria de las comisiones ha sido decreciente en el tiempo, pero que empezó con porcentajes que fueron elevados.
Este argumento induce a un juicio erróneo. En todos los esquemas de ahorro para el retiro las comisiones son decrecientes en el tiempo y al principio son elevadas.
El gobierno argumenta que las comisiones siguen siendo elevadas, comparando con lo que sucede en otros países.
En la iniciativa sostiene que “México es el país que presenta la comisión más alta entre los países seleccionados”. La comparación la hace con Chile, que tiene un promedio de 0.54%, Colombia, de 0.62% y Estados Unidos, de 0.45 por ciento. El promedio de los tres países es de 0.54 por ciento.
Argumentan que el nivel de comisiones tendría que ser similar al de Chile y al de Colombia debido a que su organización industrial y nivel de desarrollo son similares al de México
Esto es incorrecto debido a que el sistema de Chile tiene 16 años más operando y el de Colombia tres. Además, la cuota de aportación en ambos países es superior a la de México, lo que les ha permitido un mayor crecimiento de los activos en administración.
Hay varios países que tienen comisiones mayores a las de los países anteriores. Por ejemplo, Australia (0.75%), Perú (0.83%) y Reino Unido (0.90 por ciento). No hay justificación para incluir a los tres países y excluir a otros. Es discrecional la referencia que usan.
El gobierno argumenta que la brecha entre comisiones no se justifica debido a que se trata de un servicio que es el mismo para todas las cuentas individuales.
La brecha de comisiones del sistema disminuyó entre 2013 y 2020 de manera importante. La brecha en 2013 era de 50 puntos básicos y para el 2020 se redujo a 19 puntos básicos.
El dato de 2021 tiene una distorsión debido a que la comisión mínima es la de PensionISSSTE, que se definió por el propio gobierno. Además, usar a esta afore como referencia de comisión mínima distorsiona el análisis debido a las condiciones específicas bajo las que opera.
Básicamente, atiende a trabajadores del sector público y los nuevos inician con esta afore por ley.
El modelo de negocio no es igual. No reconocen que hay variantes que justifican un diferencial en comisiones. Un caso es el de las afores que atienden al segmento de trabajadores de menores ingresos que tienen saldos promedios más bajos. Dado que buena parte de los costos de estos intermediarios son fijos y requieren cobrar una mayor comisión.
Hay otros argumentos, como el del gasto comercial, que son contrarios a un buen desarrollo del sistema con mayor competencia.
Esta reducción se busca hacer por decreto. No tiene ningún fundamento. El problema es que quien más pierde es el trabajador si la industria se concentra. Esperemos que los contrapesos institucionales funcionen.
Columna de Guillermo Zamarripa
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