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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Los ministros respaldaron la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
Cabe mencionar que la norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto realizado por la ministra.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, durante el debate, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.
Argumentó que no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva.
También fue avalada la propuesta de declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Por lo cual, el Congreso de la Unión no violó el procedimiento legislativo para promulgar la ley ni invadió facultades de la Cámara de Diputados sobre la legislación en materia presupuestal y avaló la conformación del Comité de Evaluación que realizará informes para recomendar mejoras en las medidas de austeridad y ahorro de los recursos públicos.
Los ministros después del receso este martes continuarán con el análisis del último tema para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta ley impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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