En su declaración ante la FGR, Emilio Zebadúa señaló, de manera textual, que los recursos desviados provenían de la “Subsecretaría Operativa de la Sedatu”. En ese entonces, la dependencia federal contaba con tres subsecretarías y la única que tenía recursos para operar por casi 6 mil millones en ese año, 2016, era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, comandada en aquel entonces por el poblano Juan Carlos Lastiri. En la nota técnica de la ASF para la Cuenta Pública 2016, dada a conocer en 2017 (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016II/index.html#0), se señala de dónde salían los recursos y que el origen era la Unidad de Infraestructura de la subsecretaría de Lastiri.
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(Especial)
Por cierto, llama la atención que, aunque nunca Zebadúa lo menciona por su nombre, la ASF sí lo hace en el referido informe.
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(Especial)
Cómo dejar de recordarles que, a finales de 2019, se sabe, Lastiri fue asaltado en su casa en el lujoso fraccionamiento La Vista, en Atlixco, Puebla, de donde los delincuentes se llevaron más de 50 mdp en efectivo; ¡como Zhenli Ye Gon, pero poblano!
Ah, y ‘casualmente’ meses atrás, el ‘exsubse’ inauguró hoteles a nombre de su familia y hermanos: uno campestre y otro boutique en Zacatlán de las Manzanas, de donde fue alcalde.
Luego, en 2020, fue detenido por un comando armado y se pensó, en un principio, que se trataba de un supuesto secuestro. Sin embargo, el propio gobernador Miguel Barbosa señaló que el exfuncionario de la Sedatu había sido asegurado por personal de la FGR y se encontraba declarando en el Reclusorio Oriente de la CDMX, de donde fue liberado horas más tarde.
Después de esa ‘reunión’, a Juan Carlos Lastiri no se le ha vuelto a molestar, ni ha sido vinculado a ningún proceso legal por parte de la Fiscalía. De seguro los convenció de su inocencia.
No obstante, muchas empresas constructoras poblanas hablan de ‘los apoyos’ que le dieron al exsubsecretario en la etapa de reconstrucción por los sismos de 2017, donde fungió como coordinador general.
Uno de los convenios más altos (380 mdp) que Lastiri firmó con una de las constructoras se hizo a través de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Y aunque falta averiguar si su firma fue falsificada, como en el caso de otros convenios, les cuento que este documento desapareció de la Sedatu, de la FGR y de la universidad, pero, a decir de la ASF, esos gastos sí se ejercieron.
Existen muchos cabos sueltos que ni la FGR ni la ASF han querido terminar de atar, pues en el caso de Lastiri decidieron no seguir el hilo de la auditoria forense ya citada.
La duda es: ¿por qué Emilio Zebadúa no menciona expresamente de dónde salían los recursos desviados y a qué acuerdos llegó Lastiri con la FGR para convertirlo en ‘el secreto mejor guardado’ en el caso de la ‘estafa maestra’?
De la Columna Sobremesa de Lourdes Mendoza en El Financiero
Foto archivom
clh
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