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Si bien la 4T no está conformada por un presidente o legisladores dechados de virtudes, la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo merece un reconocimiento de todos los mexicanos. Luego de que el decreto fue firmado por el presidente AMLO, la reforma fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.
Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, y el resto de los funcionarios que integran esta rama del gobierno federal, merecen un aplauso por la promoción, defensa y lucha en favor de los millones de trabajadores que, con su labor, contribuyen a la economía nacional y a la prosperidad de la nación.
De acuerdo a los cambios realizados al artículo 70 de la citada ley: “La persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera”. Con ello, se ha pasado de 6 a 12 días de vacaciones obligadas tras haber cumplido un año, por lo que el patrón deberá, bajo pena de sanciones económicas, facilitar las condiciones para que los empleados gocen de esta nueva protección laboral.
A raíz de este cambio, México se habrá acercado a las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, organización que sugiere un piso mínimo de 18 días de vacaciones pagadas desde el primer año de servicio.
En otras palabras, con la reciente reforma se ha dado un paso importante en la protección de los trabajadores. Se trata, pues, de un logro social. Desafortunadamente, debido a las lagunas jurídicas existentes en el derecho vigente, muchos empleadores, bajo el argumento de que la relación laboral se limita a una “prestación de servicios”, arguyen que no están obligados al pago del aguinaldo ni a “conceder” los días de vacaciones exigidos por la Ley Federal del Trabajo.
En este contexto, estas “empresas” a pesar de exigir condiciones laborales que perfectamente describirían en la práctica una relación laboral a la luz de la LFT, optan por evadir estas exigencias y, actuando en contravención del propio marco jurídico, someten a sus empleados a condiciones injustas.
En suma, la reciente reforma a la LFT es un logro del Estado mexicano. Sin embargo, aún queda un largo por camino por recorrer en términos de la aplicación de la ley y en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias
Foto Agenda México en SDP
clh
