Archivo histórico
Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civil, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 frente a las afectaciones ambientales ocasionadas por el proyecto del Tren Maya.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se frene o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal), de modo que no se permita la remoción de la vegetación forestal, en las áreas que se encuentren fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El juzgado consideró que las personas quejosas demostraron su interés en la obtención de la medida cautelar al acreditar su pertenencia a las comunidades posiblemente afectadas por los cambios de uso de suelo y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema vulnerado.
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