Archivo histórico
“If you’ve had enough, don’t put up with his stuff
Don't you do it
Ohh, if you've had your fill, get the check, pay the bill
You can do it…
Enough is enough (is enough)
I can't go on
I can't go on no more, no
Enough is enough (is enough)
I want him out
I want him out that door now.”
BARBRA STREISAND / DONNA SUMMER
“Es tal la fuerza irresistible de la verdad, que lo único que pide y lo único que necesita es libertad para mostrarse. El sol no necesita ningún rótulo para que se le distinga de la oscuridad.”
THOMAS PAINE
Una de estas cosas SÍ es como las otras…
Daniel Ortega, dictador nicaragüense, llegó al poder por el voto popular. Eso en el 2007… porque para el 2021 —últimas “elecciones” en aquella nación— ya hasta sus correligionarios le acusaban de dictador. En los últimos 17 años ha encarcelado a precandidatos e inhabilitado a partidos políticos de oposición. Todo ello sin pruebas o mediando inventos, y siempre de modo arbitrario. La represión y persecución política son hoy signo de su desgobierno. Lo sabe todo el mundo —literalmente—.
En México, el gobierno de la “cuarta transformación” está poniendo de moda la fabricación de delitos y la sustentación de investigaciones por vía de procesos viciados. Son cada día más frecuentes las persecuciones políticas por no comulgar con el régimen o señalar sus yerros y faltas.
Así contra Xóchitl Gálvez, si bien la saña y la forma cotidiana de hacerlo rebasa incluso los estándares que manejaba López Obrador…
Hay que decirlo como es: el presidente de la República está utilizando los recursos públicos a su disposición (y pagados con nuestros impuestos) —los cuales son básicamente todos— para golpear política —y ahora también judicialmente— a una mujer. Para ello utiliza datos privados e incorrectos. Ya van diez días de continuo golpeteo donde inclusive las cuentas oficiales en redes sociales le tiran a una posible candidata presidencial de la oposición.
El abuso no es de demócratas
¿Por qué? López Obrador no es ningún novato en la política. Por lo mismo, esto que lleva a cabo tiene uno de tres propósitos (o los tres): 1) distraer de otros asuntos (como lo hace siempre con sus mañaneras; mismo esquema en esta ocasión); 2) desgastarla electoralmente hablando para que llegue —si acaso— muy debilitada al 2024; 3) perseguirla en términos políticos y judiciales para hacerla a un lado. Me recuerda mucho el modelito que Peña ACORDÓ —sí, acordó— con López Obrador al perseguir a Ricardo Anaya.
Por cuanto a lo primero, el gobierno federal tiene motivos de SOBRA. Aquí les van un par: la violencia rampante que azota al país o el “logro” de la 4t al hacer de la deuda de Pemex bonos basura (¡sí se puede estar peor!).
Vamos entonces con lo otro.
Hay una diferencia fundamental con la persecución de la que fue objeto Anaya como candidato presidencial de la que sufre Xóchitl: Peña Nieto nunca se involucró personalmente. Pudo haber alineado —muy posiblemente así fue— a la entonces PGR, al SAT, a la Secretaría de la Función Pública en contra del personaje, pero no fue una persecución que públicamente él encabezara. Es más, bien que mal, Peña se mantuvo a raya de hacer actos proselitistas de campaña (en favor del PRI, claro está). Se le cuestionaba, de hecho, que dejó a José Antonio Meade desamparado políticamente hablando. Peña tampoco hizo campaña negativa en contra de López Obrador. Este último, por su parte, nunca pidió pruebas o exigió respeto para su oponente (Anaya).
En ese sentido, lo que lleva a cabo hoy López Obrador es doblemente grave. Y es que no lo hace tras bambalinas, sino a plena luz de la mañanera; desde las cuentas oficiales, desde la cómoda habitación de Palacio Nacional.
Olvida “cuidar la investidura”, el descaro es absoluto. Pisotear la norma y no acatar órdenes judiciales, también.
El usar —abusar es mejor término— de su posición y del presupuesto y recursos oficiales para atacar, cazar a los opositores y mentir sobre ellos es de dictadores (empezando por los que se llaman demócratas). Las cosas como son.
Por si no fuese suficiente
Hay más: con Anaya el interlocutor era la PGR y otras instituciones del Estado. Se comunicó existían investigaciones, pero nunca se presentó evidencia en público —menos aún fabricada— pues eso hubiera sido ilegal. Lo que hace el primer mandatario con Xóchitl, en cambio, es ventilar elementos de una posible investigación, una que no ha sido confirmada. Además lo ha hecho con base en información falsa, hechiza. Andrés Manuel ha caído en la fabricación de pruebas y lo ha hecho desde espacios reservados al quehacer de titular del Ejecutivo federal.
Para concluir, un elemento más: López Obrador ha caído en desacato de una resolución judicial. La máxima instancia electoral de la nación (el TEPJF) le ha instruido no referirse a la contienda, a los opositores, al proceso electoral. Él ha hecho caso omiso de la autoridad. Lo lleva a chacota y parlotea sobre el derecho de la libertad de expresión. Olvida que siendo oposición su grupo fue el que más pugnó por poner esas restricciones que hoy ningunea; el presidente comete actos de ilegalidad.
Exige derechos para él, pero restringe los derechos de Xóchitl con sus falsedades; de todos los mexicanos al no permitir que el INAI sesione y se transparente todo el quehacer gubernamental. ¿Dónde quedó el derecho a la salud?, me pregunto.
Dos hechos irrefutables
¿Por qué?, ¿para qué todo esto? ¿Se trata de un distractor más?, ¿pánico ante los escenarios electorales? ¿Estrategia? ¿Acaso hay acuerdo entre ambos? Preguntémonos todo esto y más. Se vale.
Mas, cuales sean las respuestas a estas interrogantes hay dos hechos irrefutables que resultan: a) judicialmente hablando, AMLO viola la ley flagrantemente. Además, b) en términos legales e institucionales, existe un acto de persecución política.
Y entiéndase, cuando hay persecución política, el que exista investigación de acuerdo a derecho o no, viene siendo lo de menos. Si no pregúntenle a Alejandra Cuevas o a Rosario Robles…
El efecto bumerán o de desafuero
Ahora bien, ¿hasta dónde llevará López Obrador la persecución? ¿Hasta desacreditarla electoralmente o hasta procesarla judicialmente? En ambos casos estaría haciendo uso del poder del Estado. Si la contraparte (Xóchitl) tiene información comprometedora de López Obrador, éste se irá a la persecución judicial. Si no la tiene —y creo que no la tiene—, la persecución quedará en fuego de artificios para descarrilarla electoralmente.
Estamos atestiguando lo que Daniel Ortega hace a cada rato. En términos prácticos no hay diferencia alguna cuando se trata de persecución de antagonistas políticos.
Mas afortunadamente en México aún cabe la posibilidad de que un esquema tipo “Ricardo Anaya” devenga en el equivalente a lo que fue el proceso de desafuero de Andrés Manuel en tiempos de Vicente Fox. El golpeteo antes de tiempo a la adversaria puede lastimarla o puede blindarla...
Y es que la información que presentó el primer mandatario contra la senadora Gálvez no tienen ningún valor probatorio. En cambio, divulgar información financiera y fiscal entre privados constituye un delito. Deja ver el uso que hace el Ejecutivo federal de las dependencias del Estado con fines políticos. Es delito también violar el secreto fiscal al dar a conocer información sobre las relaciones comerciales entre empresas particulares, los datos privados de la empresa, sus gastos, pagos de nómina y declaraciones fiscales. No tiene ni el SAT ni López Obrador atribuciones para ello.
Por lo que a los contratos de Xóchitl con los diversos gobiernos federales y locales, estos han sido transparentes. Y le han pagado por el trabajo realizado y entregado. No tiene nada de malo ni de particular, es más, el mismo gobierno de la 4t la ha contratado.
Lo que es ilegal es venderle al gobierno servicios y no entregarlos o cobrarlos a sobreprecio como lo ha hecho Felipa Obrador — además de los actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés—. Así, mientras Xóchitl obtuvo contratos del gobierno federal por 25.8 millones de pesos (auditados) durante ¡23 años!, Felipa logró contratos del gobierno de su primo —en cuatro años— por 904 millones de pesos SIN auditar.
López Obrador le miente al pueblo de México de forma intencional. Ni se trata de mil 400 millones de pesos, ni hubo faltas en las entregas, ni existieron adjudicaciones directas. La 4t guarda bajo llave —sin INAI que interceda— los negocios de familiares y amigos del líder moral; la ausencia de licitaciones. La “información reservada” relativa a los gastos en el AIFA, Dos Bocas y Tren Maya.
Para quienes no se habían percatado, hoy queda claro: la lucha por la Presidencia de la República será entre Xóchitl y Andrés Manuel; las corcholatas están de más.
Pero los ataques, amenazas y mentiras del Ejecutivo son típicos de un régimen dictatorial. López Obrador muestra su pequeñez; no pudiendo sacar adelante su proyecto, recurre a la una ilegal persecución.
Es oficial, López Obrador está en modo Daniel Ortega. Xóchitl es una perseguida política.
Columna de Verónica Malo en SDP Noticias
Foto Especial
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