Senado aprueba ingreso de tropas extranjeras y salida de militares mexicanos para ejercicios internacionales

El Senado de la República aprobó una serie de acuerdos que permitirán tanto el ingreso de personal militar extranjero a territorio nacional como el despliegue de fuerzas mexicanas en ejercicios internacionales. Aunque la medida fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, algunos sectores llaman a un mayor escrutinio sobre los objetivos y resultados de estas colaboraciones.

Uno de los ejercicios aprobados consiste en la llegada de 120 elementos del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, quienes participarán en prácticas conjuntas con las Fuerzas Armadas mexicanas en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 7 al 25 de julio. Se trata de una maniobra que buscaría afinar la coordinación frente a amenazas comunes, especialmente aquellas que cruzan fronteras, como el crimen organizado o emergencias transnacionales. En paralelo, el Senado avaló el ingreso de 176 militares de 19 países para formar parte de un simulacro de desastre natural a desarrollarse en la base militar de Santa Lucía, Estado de México. Bajo el nombre de “Operación Péekámba”, este ejercicio multinacional tendrá como escenario hipotético un sismo de gran magnitud y busca evaluar capacidades logísticas, médicas y de rescate entre las naciones participantes. Del otro lado de la balanza, México también enviará personal al extranjero: 95 elementos de la Armada de México viajarán a Vancouver, Canadá, para integrarse al ejercicio naval “Trident Fury 2025”. Ahí, durante tres semanas, se entrenarán junto a fuerzas marítimas de otras naciones en operaciones navales de precisión y respuesta rápida. Aunque estas actividades se han presentado como mecanismos de cooperación y entrenamiento, algunos especialistas en seguridad y relaciones internacionales advierten sobre la necesidad de establecer controles más sólidos respecto a la transparencia y los resultados de dichos ejercicios. La rendición de cuentas —subrayan— es clave para evitar que este tipo de acuerdos generen suspicacias sobre la soberanía nacional o el verdadero impacto en la seguridad interior. Por ley, la Secretaría de la Defensa Nacional está obligada a entregar un informe detallado sobre los resultados de las maniobras en territorio mexicano, en un plazo no mayor a 30 días tras su conclusión. Sin embargo, hasta ahora no existe un protocolo claro para hacer públicos esos informes ni para evaluar su utilidad más allá del ámbito castrense. Estos movimientos forman parte de una tendencia creciente en la que México ha buscado integrarse con mayor solidez a redes de seguridad regional, principalmente en el hemisferio occidental. Sin embargo, persiste el debate sobre los límites de esta cooperación y la falta de discusión pública sobre su conveniencia y alcance. Fotos cortesía xmh