Revés al INE: TEPJF autoriza a funcionarios a promover elección del Poder Judicial

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la relación entre instituciones electorales y el aparato gubernamental, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió permitir a servidores públicos y dependencias del gobierno federal promover la elección del Poder Judicial programada para el 1 de junio de 2025. Esto echa abajo una disposición previa del Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaba exclusivamente a la autoridad electoral la difusión de dicho proceso.

Durante la sesión del pasado miércoles, una mayoría de magistrados consideró que se trata de un ejercicio sin precedentes que requiere una interpretación más amplia del marco legal vigente. A juicio de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, la naturaleza inédita de esta consulta ciudadana —en la que se pondrá a votación la permanencia de jueces, magistrados y ministros— exige mayor apertura en la comunicación institucional. “Estamos ante un proceso completamente nuevo. No se trata de una elección convencional, sino de una decisión que involucra directamente a la estructura del Poder Judicial. Por eso debemos aplicar criterios acordes a las circunstancias actuales”, explicó De la Mata. Por su parte, Fuentes Barrera señaló que restringir la difusión institucional significaría limitar el acceso de la población a información clave: “Negarle al pueblo la posibilidad de informarse, a través de sus instituciones, equivale a negarle el ejercicio pleno de esa soberanía”. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, respaldó esta visión y cuestionó el monopolio del INE en la promoción de procesos democráticos: “La democracia no es propiedad exclusiva de una sola institución”.

Críticas por posible uso político de recursos públicos

Sin embargo, la decisión no fue unánime. Los magistrados Jannine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra, al advertir riesgos en el uso de recursos públicos con fines proselitistas. Aseguraron que la medida podría abrir la puerta a una promoción disfrazada de institucionalidad. “Esta restricción busca prevenir que el aparato gubernamental sea utilizado para beneficiar o perjudicar posturas políticas”, indicó Otálora. También señaló que la prohibición impuesta por el INE no vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información.

¿Qué sí podrán hacer los funcionarios?

Con esta resolución, los funcionarios públicos tendrán permitido difundir el proceso electoral desde sus redes sociales personales. En el caso de los legisladores, podrán usar canales de comunicación institucional, siempre que no incluyan nombres, imágenes, colores o símbolos que los identifiquen como candidatos o aspirantes. Tampoco se permitirá el uso de logotipos oficiales. De acuerdo con la sentencia, la promoción debe enfocarse exclusivamente en informar a la ciudadanía sobre el proceso, sin influir en la opinión pública a favor o en contra de alguna postura. La resolución del TEPJF ha reavivado el debate sobre los límites entre la promoción institucional y la propaganda política, en un contexto donde la independencia de los poderes del Estado y la imparcialidad en los procesos democráticos están cada vez más en la mira. Foto cortesía xmh