Archivo histórico
La política migratoria de Estados Unidos volvió a tensar las relaciones con México, luego de que autoridades estadounidenses comenzaran a revocar visas a funcionarios y figuras políticas mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado. La información fue revelada en un reportaje de ProPublica, firmado por el periodista Tim Golden, y ha generado controversia tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
De acuerdo con el reportaje, desde 2019 al menos 35 políticos mexicanos —entre ellos gobernadores, legisladores y funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador— fueron incluidos en una lista elaborada por agencias como la DEA y el Departamento de Estado, por presunta cercanía con redes de narcotráfico. Aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los nombres ni los criterios específicos, ya hay casos confirmados.
Una de las primeras en reconocer la medida fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien informó en conferencia de prensa que tanto ella como su esposo fueron notificados sobre la cancelación de sus visas. La mandataria estatal aclaró que no enfrenta investigación legal y calificó la acción como una medida administrativa, sin consecuencias penales por el momento. “No significa que haya cometido algo malo”, subrayó.
El caso encendió alertas en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó formalmente explicaciones al gobierno de Joe Biden, sin obtener detalles, ya que —según le comunicaron— el asunto es considerado confidencial por tratarse de asuntos migratorios internos.
También trascendió que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, podría estar entre los afectados, aunque su equipo ha negado oficialmente la revocación de su visa. No obstante, el episodio recuerda lo ocurrido el mes pasado con el alcalde de Matamoros, quien no logró cruzar a Texas, aunque tampoco se ha confirmado si fue por motivos migratorios.
Las medidas aplicadas por Estados Unidos se basan en el Artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar el ingreso a extranjeros vinculados con el narcotráfico, sin necesidad de presentar cargos judiciales. Además, Washington evalúa la posibilidad de congelar activos o prohibir transacciones financieras a ciertos implicados.
¿Quieres saber más sobre lo que está pasando en Puebla hoy? ¡Sigue explorando nuestro sitio para mantenerte informado!
foto cortesía
xmh
