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En medio de la confusión generada por un programa del Infonavit para regularizar viviendas invadidas, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la propiedad privada no será afectada y que no se quitarán casas a sus dueños legítimos. El tema ha despertado polémica en redes y medios, ante la preocupación de que las autoridades busquen reubicar o reasignar inmuebles sin respetar el marco legal.
Durante su participación en la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum subrayó que la Constitución protege la propiedad privada, y que su gobierno no permitirá interpretaciones que siembren dudas o generen alarma.
“La propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar… no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece”, señaló la mandataria.
¿Qué busca el programa del Infonavit?
El proyecto, impulsado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene como objetivo atender el caso de alrededor de 800 mil viviendas que están construidas pero permanecen deshabitadas, muchas de ellas en condición de abandono o incluso invadidas.
Según Sheinbaum, lo que se pretende es encontrar vías legales para regularizar la situación de esos inmuebles, sin vulnerar los derechos de quienes aún mantienen la propiedad, ni legitimar prácticas ilegales como ocupaciones forzadas.
El contexto es complejo: en muchos casos, los trabajadores obtuvieron créditos del Infonavit, pero nunca habitaron las viviendas, ya sea por problemas de ubicación, inseguridad, fallas de infraestructura o porque las constructoras incumplieron con lo prometido.
Créditos sin uso, deudas sin resolver
Sheinbaum también se refirió a los casos donde trabajadores siguen pagando créditos por casas que nunca ocuparon. En ese sentido, dijo que es necesario encontrar mecanismos que eviten fraudes o endeudamientos injustos.
“Tiene que resolverse el problema de, si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit, para que no la siga pagando… y resolver el problema de lo que pagó y que no habitó”, explicó.
Por ahora, no se han dado detalles sobre cómo se ejecutará la regularización, ni qué criterios se utilizarán para decidir qué hacer con las casas deshabitadas. Tampoco está claro si el programa contempla incentivos, reubicación o compensaciones para los trabajadores afectados.
Mientras tanto, expertos en vivienda y derecho han señalado que el gobierno deberá actuar con total transparencia jurídica, ya que se trata de un tema delicado que mezcla patrimonio personal, fondos laborales y fallas del propio sistema de vivienda social.
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