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Las consecuencias del combate al narcotráfico ya no recaerán únicamente en los involucrados directos. El gobierno de Estados Unidos anunció una ampliación de sus restricciones migratorias que ahora también afectarán a personas cercanas a quienes han sido señalados por participar en redes internacionales de tráfico de drogas. Esto incluye familiares, amigos cercanos y socios comerciales de los sancionados.
La nueva política fue dada a conocer por Antony Blinken, secretario de Estado, a través de sus redes sociales, donde explicó que esta acción se suma a los esfuerzos por frenar la entrada de fentanilo y otras sustancias ilícitas que siguen cobrando miles de vidas al año en territorio estadounidense.
¿Quiénes entran en la mira?
El anuncio se enmarca dentro de la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021 por el presidente Joe Biden, que permite aplicar sanciones a cualquier persona extranjera vinculada con el narcotráfico global. Entre las medidas posibles están el congelamiento de activos, la prohibición de entrada a Estados Unidos y la ruptura de vínculos financieros con empresas estadounidenses.
Lo que cambia con esta nueva disposición es que ya no solo se sancionará a los implicados directos, sino también a personas de su entorno que, según Washington, pueden estar ayudando a operar o encubrir actividades ilegales. En otras palabras, si un empresario o político es señalado por vínculos con el tráfico de fentanilo, sus socios, esposas, hermanos o incluso colaboradores podrían quedar también vetados para ingresar a Estados Unidos.
Bancos mexicanos, bajo sospecha
La medida llega pocos días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense acusara a tres instituciones financieras en México de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Aunque no se ha revelado públicamente qué bancos están implicados, esta acusación ha encendido las alarmas sobre el nivel de penetración del crimen organizado en el sistema financiero mexicano.
El fentanilo, un opioide altamente adictivo y letal, ha sido declarado por EE. UU. como una amenaza de seguridad nacional. En 2023, más de 70 mil muertes en ese país estuvieron relacionadas con el consumo de esta droga, según cifras oficiales.
¿Y México?
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha respondido oficialmente al endurecimiento de esta política migratoria. Sin embargo, analistas en temas de seguridad advierten que podría generarse un conflicto diplomático si ciudadanos mexicanos con vínculos familiares o comerciales con personas sancionadas comienzan a verse afectados sin que medie una investigación en su contra.
También hay preocupación sobre cómo estas medidas puedan ser utilizadas políticamente o para presionar a actores económicos o políticos que no necesariamente estén involucrados en el narcotráfico, pero tengan nexos indirectos con personas sancionadas.
En todo caso, este cambio de enfoque por parte de Estados Unidos confirma una cosa: el combate al fentanilo no se limitará a operativos antidrogas, sino que buscará cerrar todos los frentes, incluso los sociales y familiares.
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