Mientras las quejas por la falta de medicamentos persisten en varias partes del país, el gobierno federal asegura que trabaja para alcanzar un 95% de recetas surtidas en las instituciones de salud pública durante el mes de julio. Así lo informó Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien también reconoció que aún queda un margen importante por cubrir.
Clark indicó que, si bien la meta es llegar al 95%, el 5% restante de desabasto sigue siendo preocupante, especialmente en zonas donde el acceso a tratamientos es limitado. De acuerdo con lo expuesto, el problema ya no radica únicamente en la compra de los medicamentos, sino en su distribución, un proceso que ha presentado fallas logísticas constantes en los últimos años.
Para corregir esto, el gobierno propone un cambio estructural: que el organismo estatal Virmex —encargado actualmente de consolidar las compras de medicinas— también asuma el control total de su distribución. Esto implicaría que las dependencias como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar ya no tengan que gestionar cada una por separado sus contratos con proveedores.
“Creemos que tenemos que avanzar hacia un modelo mucho más sólido, en el que una institución del Estado sea responsable no sólo de consolidar la compra, sino también de distribuir”, explicó el funcionario en conferencia.
Hoy en día, Virmex compra los medicamentos tras recibir las solicitudes de cada institución, pero estas deben después encargarse de gestionar sus propias entregas mediante contratos individuales. El nuevo esquema plantea un solo contrato nacional y un sistema centralizado, con lo que se busca agilizar entregas y evitar cuellos de botella.
Clark también adelantó que se analiza implementar un modelo integral de farmacia, como el que existe en otros países, donde los medicamentos llegan directamente a hospitales y clínicas públicas sin intermediarios. Esto también permitiría reducir la carga administrativa para laboratorios y empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
“Lo que queremos es que los prestadores de servicios dispensen los medicamentos directamente a las instituciones, facilitando la relación entre la industria y el gobierno”, afirmó.
El nuevo modelo aún no tiene fecha de implementación, pero el objetivo es claro: mejorar el abasto a nivel nacional, especialmente en comunidades donde el retraso en la entrega de medicamentos puede significar la diferencia entre recibir tratamiento o no.
En tanto, organizaciones de pacientes y especialistas en salud pública han señalado que más allá de las promesas de cobertura, es fundamental que se garantice continuidad en tratamientos y que haya transparencia en el proceso de compras y distribución, algo que aún está por demostrarse con este nuevo plan.
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