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El choque entre el gobierno federal estadounidense y varias ciudades que han adoptado políticas migratorias más flexibles se agudiza. Esta vez, la ciudad de Nueva York está en el centro de la polémica, luego de que la administración de Donald Trump presentara una demanda en su contra por, presuntamente, bloquear la aplicación de leyes migratorias a través de sus políticas de “ciudad santuario”.
De acuerdo con la fiscal general Pam Bondi, la querella fue presentada ante un tribunal del distrito este de Nueva York, y señala directamente al alcalde Eric Adams por mantener disposiciones que, según el Gobierno federal, impiden que agentes migratorios como ICE (Inmigración y Control de Aduanas) colaboren con las autoridades locales.
En redes sociales, Bondi lanzó un mensaje directo:
“Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”.
Esta declaración refuerza el argumento del equipo de Trump, que considera que las decisiones del alcalde favorecen a personas migrantes sin papeles y afectan la labor de cuerpos de seguridad.
Brett Shumate, fiscal general adjunto, también se pronunció al respecto, asegurando que:
“La Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia en la interferencia con la aplicación de nuestras leyes de inmigración”,
y afirmó que es momento de ponerle un alto a esa postura.
Nueva York no es el único frente abierto. En semanas recientes, el Departamento de Justicia también ha interpuesto demandas contra otras ciudades y estados, como Los Ángeles, Illinois, Colorado y el propio estado de Nueva York, por adoptar medidas similares. En el caso de Los Ángeles, se llegó a vincular la falta de cooperación migratoria con disturbios y actos de vandalismo, al grado de que, según autoridades federales, fue necesario desplegar a la Guardia Nacional y a los Marines para controlar la situación.
El modelo de “ciudad santuario” que defienden gobiernos locales como el de Adams busca limitar el papel de la policía municipal en la captura y entrega de migrantes indocumentados. Desde su óptica, esto fortalece el vínculo entre la comunidad migrante y las instituciones, evitando que las personas tengan miedo de denunciar delitos o buscar servicios básicos.
No obstante, la administración de Trump sostiene que este tipo de medidas no solo violan la ley federal, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública.
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