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De acuerdo con las comunicaciones de la Doctora Álvarez Buylla Roces , titular de CONACYT, y del Doctor Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, la transición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad al Sistema Nacional de Posgrado tiene el objetivo central de revertir la política de privatización de la educación pública.
Con base en premisas fundamentales como entender que el acceso a la educación superior, incluidos los estudios de posgrado naturalmente, es un derecho y no un privilegio, se anuncia que los estudiantes aceptados en el posgrado de su elección solicitarán la beca directamente a CONACYT, y no habrá intermediarios.
Los criterios de admisión y de salida de los estudiantes serán establecidos por la institución que ofrece el posgrado, pero los criterios de otorgamiento de la beca dependerán de CONACYT, pues este organismo se encargará de categorizar a los posgrados que previamente habrán sido reconocidos y registrados por la SEP.
Es esta categorización la que resulta determinante para lograr el objetivo propuesto: devolver a la educación pública el papel central en la formación de los docentes e investigadores que el país requiere para su desarrollo y bienestar.
Digo esto porque, aparentemente, la categorización obedece a dos variables, que el posgrado sea de investigación o profesionalizante y que esté en una institución pública o privada. La categoría superior es la del posgrado de investigación en una institución pública. Esta es la categoría que llaman de acceso universal a las becas.
Ahora los patitos feos se vuelven los cisnes blancos. Todos los posgrados dedicados a la ciencia básica como los de Física y Matemáticas, o los posgrados en Filosofía, Historia, Artes o Humanidades en general, que difícilmente podían cumplir con la visión mercantilista de la educación, son reconocidos por esta nueva política como indispensables para la solución a los problemas del país.
Algo que vale la pena resaltar de esta transición es que los estudiantes inscritos en posgrados pertenecientes a instituciones públicas que cobran cuotas no serán becados.
Esta medida me parece fundamental porque es claro que el objetivo es que se deje de cobrar en una institución que, por su carácter público, no debiera generar “recursos propios” a costa del bolsillo de los estudiantes.
Esto me hace recordar las estratagemas empleadas por CONACYT, en los años noventa, para inducir a los posgrados de las instituciones públicas a cobrar, pues les aseguró que si establecían cuotas, CONACYT se encargaría de cubrirlas. Lo hizo dos o tres años y después las dejó “colgadas de la brocha”. Fue el caso del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que aprobó cobrar 3000 pesos anuales para la maestría y 4000 para el doctorado, y cuando CONACYT dejó de pagar estas cuotas, el consejo de unidad, a propuesta del director, decidió congelar cualquier incremento.
Lo que ahora nos preguntamos los miembros de los posgrados del ICSyH es qué va a pasar con la advertencia que ya ha hecho CONACYT en el sentido de que no entregará becas a los estudiantes que paguen cuotas en las instituciones públicas, como lo es la nuestra.
Como este punto, hay varios más que aclarar, pero no hay duda de que la transición del PNPC al SNP tiene visos de constituirse en un paso firme hacia la desprivatización de la educación pública.